Una nueva victoria para Modatima y para todas las organizaciones que luchan por el agua como un recurso indispensable para la vida.

El día 17 de Julio, desde la plaza de La Ligua, una marcha multitudinaria provenientes de diversos puntos de la región acompañó a la dirigencia de Modatima hasta los tribunales de esta ciudad donde se esperaba una jornada de "conciliación" entre la parte querellante que representaba los intereses del ex ministro del interior Edmundo Pérez Yoma y el secretario de Modatima Rodrigo Mundaca. La querella interpuesta por Pérez Yoma aludía a presuntos comentarios injuriosos emitidos por Mundaca en diversos medios de comunicación, quien acusa al ex ministro del interior de usurpar agua y de buscar silenciar el conflicto del agua que se vive en la provincia de Petorca. Mundaca había planteado desde conocerse la acción judicial emprendida por Pérez Yoma que estaba tranquilo porque jamás como movimiento se ha faltado a la verdad y mantenía en pie todas las declaraciones que se confirman tras las fiscalizaciones realizadas por la DGA en las cuencas de los ríos Petorca y La Ligua. Esta fiscalización informaba sobre la existencia de obras irregulares de captación de agua en agrícola "El Cóndor" (de propiedad del Ex ministro del interior) y en otras propiedades de políticos y empresarios de la zona en claro perjuicio de los pobladores y agricultores que viven en una de las zonas más afectadas por la actual sequía. A la llegada al Juzgado de Garantía de La Ligua (trayecto que fue constantemente acompañado por pobladoras y pobladores de la provincia y la región, así como representantes de diversas organizaciones ciudadanas, ambientalistas y de la Unión nacional estudiantil) se comunicó a la parte acusada representada por el abogado de Modatima que la querella interpuesta no fue ratificada quedando por lo tanto el caso absolutamente sobreseído, liberando de toda responsabilidad penal a Rodrigo Mundaca. Esto fue considerado como un triunfo de los movimientos sociales que reivindican su derecho al acceso al agua y a expresar libremente su defensa ante el abuso sistemático de las esferas de poder. "Los movimientos sociales no se intimidan cuando la verdad está de su lado".

A DEROGAR EL CÓDIGO DE AGUAS DE PINOCHET!

Claramente, la actual sequía que afecta principalmente a la zona centra de Chile no es solamente climática, sino también provocada por los estragos de un modelo de aprovechamiento de nuestros recursos hídricos. Este modelo es absolutamente coherente con las pretensiones monopólicas y productivas establecidas por los grupos de poder y las oligarquías usurpadoras de nuestro país. Cuando la ciudadanía da cuenta de que se le está endosando los costos de un paradigma socio económico inequitativo y con profundas desigualdades, que la sobre explotación de nuestros recursos naturales finitos se enmarca en mega proyectos mineros, agroindustriales y energéticos, sus demandas no son simplemente por una perspectiva de menoscabo como consumidores de los bienes y servicios que provee el neoliberalismo, sino porque las señales de este sistema corrupto y colapsado merece un cambio estructural.
La dictadura de Pinochet dejó enclaves de autoritarismo que han sido administrados y en algunos casos profundizados por los diversos gobiernos de la Concertación y actualmente la derecha, siendo los de Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, quienes han terminado por entregar a privados las empresas sanitarias.
El principal marco regulatorio para el acceso y la gestión del agua en Chile está determinado por el Código de Aguas de 1981, el que posee un fuerte sesgo pro mercado que permitió privatizar la propiedad del agua y por primera vez en la historia de Chile, separar el agua del dominio de la tierra para permitir su libre compra y venta, transformándola de esta manera en una mercancía más. Los actuales conflictos de acceso a los recursos hídricos están vinculados estructuralmente con la aplicación del Código de Aguas y con la administración que de el han hecho los diversos estamentos gubernamentales estableciendo criterios de oferta y demanda en la asignación de las aguas. Este sistema, radicaliza un modelo al cual solo quienes tienen la capacidad económica para hacerlo pueden acceder, derivando en monopolio y concentración de la propiedad sobre las aguas, en especial desde el sector energético, minero y agroindustrial, considerados como los ejes productivos motor del modelo de desarrollo Chileno, ésto en claro perjuicio de la pequeña agricultura y del consumo particular domiciliario.
El  aspecto de mayor complejidad del código de aguas, es que define el agua como "un bien nacional de uso público", pero a la vez como "un bien económico" autorizando y promoviendo la privatización del recurso a través de la concesión de derechos en forma gratuita y a perpetuidad sin fijar límites a dicha concesión. Estos derechos además están amparados por la Constitución política de Chile de 1980 la que declara en su artículo nº 24 que "Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".
Por otra parte está la sobre explotación del recurso hídrico en zonas de evidente escasez . En el norte del país el 75% de la producción minera está en manos de empresas privadas, en su gran mayoría transnacionales, las que consumen alrededor de 3,5 millones de mt3 de agua al año, agravando de esta manera los impactos ambientales, sobre explotando los caudales, lagunas y humedales, deteriorando los ecosistemas y acelerando el proceso de desertificación, afectando negativamente a las comunidades locales e indígenas, destruyendo su agricultura, ganadería y economía provocando la migración masiva hacia las ciudades.
En la zona central el aprovechamiento irracional de las cuencas de los ríos ha generado el agotamiento progresivo de éstas y la carencia del vital elemento para fines domiciliarios y para uso de riego de pequeños agricultores que dependen del caudal de los ríos para sus cultivos. Esta situación se ha visto gravemente profundizada por el robo de agua efectuado por empresarios inescrupulosos que a pesar de la carencia hídrica que afecta a la zona han intervenido el caudal de los ríos para satisfacer las demandas de sus fundos y cultivos, mientras ésto ocurre el resto de la población vive una de las peores sequías de su historia, casos dolorosos son los que ocurren en la provincia de Petorca donde la población se ha organizado para movilizarse y denunciar a los personajes que están tras la sequía que les afecta.
En Limache pobladores del sector La Victoria han hecho saber su indignación ante la falta de agua para uso domiciliario y para el jardín infantil del sector luego que alrededor de 40 camiones extraen diariamente 30 mil litros de agua para abastecer a la central termoeléctrica Nehuenco de Quillota. Pobladores, pequeños agricultores y ciudadanos se han sumado a movilizaciones convocadas a nivel regional estableciendo redes de apoyo entre las comunidades afectadas por un modelo colapsado que ha dejado en evidencia la inoperancia de las autoridades que en su pragmatismo no han hecho más esfuerzo que administrarlo...ésto tras la impaciente mirada de quienes exijimos de una vez por todas cambios estructurales profundos y no los inútiles remediales del neoliberalismo.

Fuentes: Programa Chile Sustentable, medios de prensa 5ª región, archivos Colectivo Ciudadano Tierra Nueva