Que la ley de obtentores vegetales sea denominada Ley Monsanto, que en agosto pasado se hayan movilizado 22 ciudades de todo Chile en su rechazo, que Bachelet haya sido emplazada a reconocer su responsabilidad política al respecto y que en definitiva 24 Senadores comprometieran su voto en contra de esta ley, ha sido mérito de tod@s quienes decidieron movilizarse, salir a la calle, difundir en las redes sociales, informar, denunciar, abrir espacios de debates, volantear, salir con sus carteles a la vía pública, resguardar e intercambiar sus semillas, esperar a las afueras del Congreso y desde las galerías del Senado.
Es muy probable que el desarrollo de esta ley se extienda al próximo gobierno, donde el público compromiso de Bachelet a "revisar la ley monsanto" deberá responder a las expectativas de la ciudadanía movilizada, no a las presiones de Estados Unidos, ni de las empresas interesadas en que se promulgue UPOV 91. Cuando Bachelet declara su voluntad de revisar esta ley lo hace reconociendo que "el sentido original del proyecto era promover el desarrollo tecnológico para aumentar la productividad y competitividad del sector agrícola. Y nuestro interés era también resguardar y respetar tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales chilenos", asi mismo, Bachelet sostuvo que "en estos 5 años el contexto ha cambiado, hemos visto nuevos antecedentes y presenciado un debate sobre la pertinencia de esta ley y sus riesgos. No podemos hacer oídos sordos a esto, y a lo que la ciudadanía a través de organizaciones, campesinos y mundo académico están alertando sobre los riesgos que conlleva este proyecto de ley".
Ante éstas declaraciones no nos queda más que intentar despejar un discurso que en su momento pudo haber tenido objetivos electorales, pero que nos delega como ciudadanos pro activos mantener nuestro total rechazo ante una aberración legislativa urdida en función de los intereses de las empresas semilleras y transnacionales del rubro.
Sabemos que esta ley es el sustento que el convenio Upov 91 requiere para ser promulgado en nuestro país, que ante las amenazas de presiones de la comunidad internacional y la OMC nuestro Estado debe dar cátedra de soberanía y autonomía, porque lo que está en juego no son lecturas de estrategias económicas y comerciales, sino el resguardo de nuestro patrimonio y de un elemento fundamental para el futuro alimentario de nuestro pueblo, la semilla. El próximo gobierno deberá definir posiciones al respecto, porque Bachelet tendrá que asumir el desafío de escuchar las voces que critican fuertemente la adhesión de nuestro país a Upov 91 y de cuestionar desde su origen una iniciativa legislativa de la cual ella es responsable política y que no tiene otro objetivo más que cuidar los intereses de las empresas, personas jurídicas y/o naturales que pretenden restringir y monopolizar el libre acceso a las variedades de semillas a partir del registro de propiedad intelectual.
No existe doble lectura al respecto, ni posibilidad de ofrecer una nueva Ley más flexible, porque cualquier nueva iniciativa, observación o indicación deberá estar en el marco de las exigencias establecidas por el convenio internacional (Upov 91) y en función de los intereses de los llamados "obtentores".
Esperamos que el rechazo a esta ley o a cualquier otra que promueva el monopolio sobre nuestra semillas siga siendo transversal entre los Senadores de la Nueva mayoría, ésto considerando el cambio parlamentario y las lealtades que naturalmente tenderán a cerrar filas ante toda iniciativa que sea promovida por Bachelet como nueva presidenta. Las organizaciones que hemos decidido movilizarnos y estar vigilantes del desarrollo de la Ley de obtentores vegetales no bajaremos los brazos, mantendremos nuestra presencia activa en las calles, en las redes sociales y en el parlamento hasta que nuestra soberanía alimentaria y el patrimonio que simboliza nuestra semilla y nuestra herencia campesina sea reconocido y resguardado.
Joel González V
Coordinador Colectivo Socioambiental Tierra Nueva
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